Poza Rica, Ver.- En un ambiente de creciente controversia y acusaciones de corrupción, el Cabildo de Poza Rica, encabezado por el alcalde Fernando Luis Remes Garza, se encuentra en proceso de autorizar un contrato de cinco años más a la empresa Discricar, encargada de la recolección de basura en la ciudad.
A pesar de las reiteradas quejas por el mal servicio ofrecido por la compañía, se, se rumora que factores ajenos a la calidad del servicio están influyendo en la renovación del contrato.
Fuentes cercanas al gobierno municipal han revelado que el tráfico de influencias y los presuntos sobornos que recibe el alcalde serían la clave para que Discricar siga operando sin mayores inconvenientes.
Se menciona que Fernando Remes Garza recibiría una suma mensual de 1.5 millones de pesos como “moche” a cambio de permitir que la empresa continúe operando sin la necesidad de contar con oficinas, permisos y violando todas las normas oficiales de manejo de residuos, lo que ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos.
Mal servicio y altos costos para el municipio
La empresa Discricar ha sido criticada en diversas ocasiones por la calidad de su servicio, que no ha mejorado desde que comenzó a operar en la ciudad.
Sin embargo, a pesar de los múltiples reclamos y las evidentes deficiencias en la recolección de residuos, el Ayuntamiento parece dispuesto a mantener el contrato, lo que ha despertado sospechas entre la población.
Uno de los principales cuestionamientos que circulan en las redes sociales es el hecho de que Discricar continúa utilizando los 10 camiones recolectores que fueron heredados por la administración de Javier Velázquez.
Según las denuncias, el ayuntamiento es el que actualmente cubre los costos de combustible, refacciones y el personal que opera las unidades. Esto representa un gasto adicional que recae directamente en las arcas municipales.
El predio del alcalde, un foco de sospecha
El nivel de desfachatez parece haber alcanzado límites insostenibles. Las unidades recolectoras de basura de Discricar no solo siguen en operación bajo el auspicio del Ayuntamiento,
sino que también son estacionadas en un terreno que, según denuncias, es propiedad del propio alcalde Fernando Remes Garza.
Se rumora que el edil renta este espacio a la empresa, lo que le genera una ganancia adicional y agrava las acusaciones de corrupción.
Este tipo de prácticas ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes exigen transparencia y una revisión exhaustiva de los contratos otorgados a la empresa Discricar.
El malestar es aún mayor porque el servicio sigue siendo deficiente, lo que refleja la falta de responsabilidad por parte de las autoridades municipales para garantizar un servicio de calidad.
La presión social aumenta
Con cada día que pasa, la presión sobre el alcalde Remes Garza y el Cabildo de Poza Rica se intensifica. Organizaciones civiles y ciudadanos han comenzado a exigir una investigación profunda sobre los contratos otorgados a Discricar y los supuestos sobornos que estarían implicados.
La falta de acción por parte de las autoridades en medio de este escándalo podría tener
repercusiones políticas para la actual administración.
En un momento en el que la ciudadanía demanda mayor transparencia y rendición de cuentas, este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Poza Rica.
El futuro de la relación entre el gobierno municipal y la empresa Discricar parece incierto, pero lo que es indiscutible es que la opacidad y los presuntos actos de corrupción están marcando el paso de esta administración.
