Poza Rica, Ver.- En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones locales, la Policía Municipal se encuentra en el centro de una tormenta mediática debido a acusaciones de corrupción y nepotismo que involucran a altos funcionarios y mandos de la corporación.
A pesar de los numerosos señalamientos en contra de Quirino Camacho Perales, responsable del departamento jurídico, este ha permanecido en su puesto, desafiando la intervención de la síndico Lizeth Guerra Méndez y la regidora de Policía y Prevención del Delito, Marisol Hernández Moreno.
Según fuentes que han optado por el anonimato por miedo a represalias, Camacho ha implementado un esquema conocido como “desplumadero”, en el que impone cuotas a los elementos de la corporación a cambio de realizar detenciones arbitrarias, principalmente a ciudadanos en estado de ebriedad.
Las denuncias indican que las multas impuestas a los detenidos oscilan entre 1,500 y 20,000 pesos, sin que los ciudadanos reciban recibo alguno por el pago. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los ciudadanos, quienes ven en la Policía Municipal una herramienta de abuso en lugar de protección.
Hasta el momento, la regidora comisionada en policía y cárceles, Marisol Hernández, no ha proporcionado información sobre los ingresos derivados de las multas administrativas, lo que ha dejado a muchos cuestionando la transparencia de la gestión de la corporación. La falta de avance en las investigaciones en contra de Camacho Perales agrava aún más la situación.
Además, se ha señalado el nepotismo dentro de la Policía Municipal, con el ingreso de Carlos Ortiz Anaya, hijo del asesor del alcalde, Juan Carlos Ortiz Chriesfield, y de Norma Anaya, funcionaria en el palacio administrativo.
Este tipo de nombramientos alimenta las sospechas de que la corporación está siendo utilizada para favorecer a familiares de altos funcionarios, con súper salarios como el caso de Carlos Ortiz.
La ciudadanía continúa expresando su descontento con el actuar de la Policía Municipal, cuya reputación se ha visto gravemente afectada por las acusaciones de corrupción y el mal proceder de sus elementos. La situación plantea la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas dentro de la corporación, así como una respuesta clara de las autoridades involucradas.