Poza Rica, Ver.- A tan solo ocho meses de que concluya la administración municipal encabezada por Fernando “El Pulpo” Remes, crece la exigencia social para que se finquen responsabilidades judiciales tanto al alcalde como a la tesorera Luz Karina Hernández Andrés, señalados como los principales responsables del presunto saqueo millonario a las arcas municipales.
De acuerdo con representantes de diversos sectores sociales, durante los cuatro años de gobierno de Remes Garza, el municipio de Poza Rica ha recibido cerca de 2 mil 800 millones de pesos de presupuesto federal, de los cuales, denuncian, más del 50% se habría destinado a gastos excesivos y privilegios personales de funcionarios, dejando a la ciudad en un estado crítico de abandono social y económico.
Uno de los señalamientos más recurrentes apunta a la contratación masiva de personal de confianza desde el primer año de administración, inflando la nómina y reduciendo recursos para servicios básicos.
En paralelo, la tesorera municipal habría autorizado la adquisición de vehículos de lujo que, según denuncias, eran utilizados para fines personales, incluyendo viajes a otras entidades y compras en tiendas exclusivas, particularmente en la capital del estado, Xalapa.
Asimismo, se ha documentado que al alcalde se le autorizó la compra de una camioneta blindada de alta gama, con un valor superior a los dos millones de pesos, lo cual ha sido duramente criticado por la ciudadanía ante la falta de obra pública y la creciente marginación que vive Poza Rica.
Durante esta gestión, el municipio ha registrado algunos de los índices más altos de desempleo en la región, con escasa inversión y sin signos de desarrollo económico. La inseguridad también ha ido en aumento, con reportes frecuentes de robos, secuestros y actos violentos que mantienen a la población en un clima de incertidumbre.
Diversas voces ciudadanas han calificado a Fernando Remes como “la vergüenza de Morena”, al considerar que su administración ha sido un ejemplo de corrupción, impunidad y traición a los principios que prometieron representar.
Ante este panorama, ciudadanos han pedido al Congreso del Estado actuar con firmeza y abrir procesos de fiscalización y responsabilidad penal contra los funcionarios señalados, en busca de justicia y rendición de cuentas.