Poza Rica, Ver.- La ola de violencia e inseguridad que se intensificó con el inicio de la administración del alcalde Fernando “El Pulpo” Remes continúa latente en Poza Rica, generando preocupación entre la ciudadanía.
En las últimas semanas, se han registrado diversos casos de desapariciones y presuntos “levantones”, lo que mantiene en alerta a la población y vuelve a colocar al gobierno municipal en el centro de la crítica pública.
A pesar de las constantes exigencias sociales, poco se ha avanzado en materia de seguridad. Diversos colectivos y ciudadanos han señalado directamente al alcalde Fernando Remes como responsable de no haber tomado acciones contundentes para frenar la escalada de violencia que vive la ciudad desde hace meses.
“La situación se ha salido de control. Vivimos con miedo, mientras las autoridades no solo guardan silencio, sino que también parecen minimizar lo que ocurre”, comentó un comerciante del centro de la ciudad.
Mientras tanto, Poza Rica enfrenta también graves problemas de marginación, desempleo y deterioro urbano, lo que agrava aún más el panorama para cientos de familias que, además de la pobreza, deben enfrentar diariamente el temor a ser víctimas de la violencia.
A esto se suma la indiferencia de los nuevos actores políticos, quienes según diversos sectores, evitan pronunciarse sobre la crisis de seguridad que atraviesa el municipio. A pesar de que la protección ciudadana debería ser eje central de cualquier agenda de desarrollo, el tema brilla por su ausencia en los discursos y propuestas de quienes aspiran a gobernar o ya forman parte del nuevo panorama político local.
Expertos advierten que una ciudad que no garantiza seguridad para sus habitantes tampoco representa condiciones estables para la inversión, el crecimiento económico ni el bienestar social.
Ante este panorama, ciudadanos y colectivos han exigido que la seguridad pública sea tratada como prioridad urgente, y no como un tema secundario o incómodo.
La exigencia de los ciudadanos es clara, pues se necesita un cambio urgente en la estrategia de seguridad, transparencia en los casos de violencia y compromiso real por parte de las autoridades actuales y futuras.