Poza Rica, Ver.- La sindico y representante legal del ayuntamiento, Lizeth Guerra Méndez, está bajo fuertes críticas por presuntamente ceder a presiones y firmar un contrato de concesión por 15 años con la empresa DISCRICAR S.A de C.V para el manejo de la limpia pública en Poza Rica.
Se denuncian fuertes intereses económicos, falta de permisos y violación de normas ambientales, generando preocupación por el posible fraude y herencia de problemas financieros a futuras administraciones municipales.
La decisión de la sindico y representante legal del ayuntamiento de Poza Rica, Lizeth Guerra Méndez, de firmar un contrato de concesión por 15 años con la empresa DISCRICAR S.A de C.V para el manejo de la limpia pública ha desatado fuertes críticas y preocupaciones entre la ciudadanía.
La presunta presión ejercida por representantes de la mencionada empresa, sumada a fuertes intereses económicos y la intervención de altas esferas del gobierno estatal, ha generado controversia en torno a la legalidad y transparencia de este acuerdo.
Se destaca que DISCRICAR S.A de C.V es señalada como una empresa “patito” que carece de permisos y que viola normas ambientales relacionadas con el manejo de desechos.
José Lugo Dauzón, excontralor en la pasada administración, también está señalado como uno de los responsables en la firma del contrato, recordando su participación en acuerdos similares con NL Technologies.
La sindico Lizeth Guerra y José Lugo Dauzón son señalados por prestarse a “negocios turbios” que podrían heredar graves problemas financieros a futuras administraciones municipales.
El regidor de limpia pública, Víctor Manuel Benavides, y el cabildo en general son catalogados como “títeres” al no oponerse al acuerdo que, según denuncias, representa un fraude para el erario municipal.
Se destaca que la empresa opera con los mismos camiones del gobierno municipal y utiliza diésel proporcionado por la misma entidad.
Ante esta situación, se demanda una investigación por parte del Congreso para evaluar la legalidad y transparencia del contrato, que supone un costo mensual de 5 millones de pesos para el erario municipal.
Se sospecha la intervención de funcionarios del gobierno estatal moviéndose tras bambalinas antes de dejar la actual administración.
La firma del contrato de concesión de limpia pública en Poza Rica con la empresa DISCRICAR S.A de C.V ha desencadenado críticas y preocupaciones por presuntas presiones, intereses económicos y violación de normas ambientales.
La sindico Lizeth Guerra y otros involucrados son cuestionados por su papel en este acuerdo, generando llamados a una investigación para evaluar la legalidad y transparencia del mismo, así como para evitar posibles problemas financieros a futuras administraciones municipales.
